Informe: Cómo la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) Perjudica a las Comunidades Indígenas
WASHINGTON, D.C. – Las anticuadas reglas de arbitraje de inversión internacional incorporadas en los tratados de libre comercio siguen castigando y excluyendo sistemáticamente a las comunidades indígenas y de primera línea en América Latina, según un nuevo informe que Public Citizen presenta traducido al español el día de hoy. Este sistema, conocido como el mecanismo de la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), tiene graves implicaciones para los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los esfuerzos de responsabilidad empresarial.
El informe titulado “La Colonización Corporativa de América Latina: Cómo la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) Perjudica a las Comunidades Indígenas,” rastrea los orígenes de la ISDS como una herramienta poscolonial que las empresas utilizan para continuar con los patrones de explotación y extractivismo que dañan a las comunidades indígenas en latinoamérica.
A través de numerosos estudios de casos, el informe destaca cómo el derecho internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas entra en conflicto con el marco de la ISDS que perjudica a las comunidades indígenas al excluir su participación, fomentar el malestar social, permitir la destrucción ecológica de sus tierras ancestrales y socavar su soberanía.
Iza Camarillo, autora del reporte y directora de investigación de la división Global Trade Watch de Public Citizen, trabajó anteriormente como abogada defendiendo a los gobiernos en arbitrajes ISDS.
“El tiempo que trabajé en el marco de la ISDS me hizo conocer la situación difícil de los pueblos indígenas en estos procedimientos, sus singulares desafíos y obstáculos a la justicia,” dijo Camarillo. “Una y otra vez, fui testigo de cómo estas comunidades pagaban el precio de la explotación empresarial y la degradación ambiental sin ser consultadas debidamente ni recibir las reparaciones que merecían.”
Líderes de comunidades indígenas de latinoamérica afectados por casos de la ISDS ofrecieron observaciones al respecto.
“Si proteger la naturaleza, proteger nuestros derechos y el clima amenaza la inversión de una empresa, entonces eso es un problema. Las empresas deben ser castigadas por la contaminación y los abusos a los derechos, no recompensadas. Un tribunal de arbitraje no debería concederles un ‘pase para salir de la cárcel gratis.’ Estamos pagando el precio con nuestras tierras, vidas y nuestra cultura,” afirmó Consuelo Piaguage, líder indígena Siekopai de una comunidad que aún enfrenta las repercusiones en la salud y el medio ambiente tras décadas de contaminación tóxica por parte de una empresa en la Amazonia.
Mientras que, después de años de litigio, la comunidad ganó un fallo histórico en los tribunales ecuatorianos, que ordenó a la empresa pagar por limpiar su desastre, las grandes petroleras utilizaron el mecanismo ISDS para recibir pago de los contribuyentes ecuatorianos.
Venessa Cárdenas y Luisa Connor, miembros negra-inglesas y afro-indígenas del patronato Crawfish Rock de Honduras, quienes se enfrentan al daño ecológico sufrido por la creación de una ciudad privada en el entorno de su territorio ancestral, en la que no se aplica la legislación hondureña, enfatizaron al aprender sobre comunidades indígenas en otros países que se encuentran afectados por casos ISDS.
“Escuchar los acontecimientos que le suceden a personas como nosotros alrededor de latinoamérica nos conmueve con sentimientos encontrados. En parte, sentimos tristeza profunda por las comunidades que están sufriendo y en otra, sentimos validación que no estamos solas en esta lucha.” dijeron Cárdenas y Connor.
El informe incluye recomendaciones políticas sobre cómo los gobiernos pueden eliminar la amenaza de la ISDS para las comunidades indígenas y de primera línea al terminar los tratados de inversión bilaterales existentes, eliminar las cláusulas de supervivencia y enmendar los tratados de libre comercio para eliminar la ISDS. También sugiere medidas provisionales para salvaguardar los derechos indígenas.
En los últimos meses, se ha visto un fuerte impulso en contra de la ISDS. El Instituto Transnacional (TNI) publicó un informe sobre las alarmantes consecuencias de la ISDS en México y en conjunto con el Instituto de Estudios Políticos (IPS), TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) también publicaron un informe sobre el daño que la ISDS causa en Honduras. Decenas de congresistas, 300 profesores de derecho y economía y más de 200 organizaciones de la sociedad civil estadounidense han pedido a la administración de Biden que trabaje para eliminar el ISDS de los acuerdos comerciales y de inversión existentes.