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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) fue un experimento radical en desregulación rápida del comercio y las inversiones entre EE.UU., México y Canadá. En vigor desde 1995, ese trato se considera como símbolo del modelo fallido de globalización neoliberal, ya que condujo a una reducción general de los salarios, empeoramiento de las condiciones de salud y trabajo en México, la destrucción del sector campesino y degradación de las normas medioambientales y laborales de ambos lados de las fronteras. El TLCAN también incluye el mecanismo de “inversionista – Estado” que concede garantías y protecciones jurídicas especiales y nuevos derechos a las empresas de un país signatorio del tratado que quiera invertir en otro país miembro del tratado. Además, la aplicación de esos nuevos derechos de los inversionistas es a través de tribunales privados, remotos y ajenos a los sistemas judiciales locales de los países miembros del TLCAN. A través de este mecanismo, empresas transnacionales han podido atacar leyes del interés público (sobre salud, protección del medio ambiente y otros temas) como “barreras comerciales” o “expropiación de propiedad” (se considera en el TLCAN que la definición de “propiedad” incluye “ganancias actuales o futuras”). En un caso ejemplar, el gobierno de México fue forzado a pagar una empresa estadounidense, Metalclad, US$ 16 millones porque una municipalidad mexicana negó dejar a la compañía construir un desecho tóxico en una reserva ecológica protegida. |