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El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) tenía la finalidad de establecer estrictas reglas mundiales que limitaran los derechos y facultades de los gobiernos para regular la especulación de divisas y adoptar en interés público políticas relativas a las inversiones en tierras, fábricas, sectores de servicios, acciones y otros objetos. Esta propuesta hubiera ampliado las extremas reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre inversiones a nivel mundial, incluido un nuevo derecho no comprendido en los acuerdos de la OMC: la capacidad de las empresas para demandar a los gobiernos por perjuicios pecuniarios debidos a cualquier acción reguladora que afectara las ganancias. El AMI fue negociado secretamente durante dos años en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un club de los 29 países más ricos del mundo, con el apoyo de las empresas transnacionales. Sin embargo, finalmente fue derrotado gracias a la denuncia pública mediante una campaña internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos sociales. Si bien se impidió el AMI, su programa de ampliar los derechos y privilegios de compañías transnacionales a costa de la democracia local ha sido renovado en otros foros – especialmente en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en la promoción de la expansión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de los “Nuevas Temas” (Compras del Estado, Facilitación de Comercio, Política de Competencia y Inversión).
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