Public Citizen | Energy Program | Energy Program - Fiascos en la privatizacion del agua: Cochabamba, Bolivia

En abril del 2000, después de siete días de paro en la ciudad y fuertes protestas en las calles, el Presidente de Bolivia fue forzado a terminar un contrato de privatización del agua con Aguas del Tunari, la subsidiaria de la corporación Bechtel. El gobierno boliviano dio en concesión por 40 años la administración del servicio en 1999. Pero los términos del contrato eran tan nefastos que en sólo cuestión de meses la población se levantó y acabó con ello.

Los incrementos de tarifas inmediatamente subieron en un 100 a 200% en algunos casos. Pequeños campesinos y trabajadores por cuenta propia fueron especialmente golpeados por esta medida. En un país donde el salario mínimo es menos de 100 dólares al mes, muchas familias se vieron de pronto con facturas de agua de 20 dólares o más.[i] Impedidos de sobrevivir bajo el nuevo esquema tarifario, la población comienza una Campaña para sacar a la compañía privada. En enero de 2000, una coalición de medio ambientalistas, trabajadores, campesinos, profesionales paran la ciudad por cuatro días. El paro culmina con una marcha masiva hacia el centro de la ciudad donde se encontraban negociando representantes del gobierno y lideres del movimiento. Pero rápidamente se pudo advertir que las negociaciones no llevaban a ningún lado. En febrero el gobierno mandó a cientos de policías de fuera de la ciudad a reprimir las movilizaciones. 175 personas resultaron heridas y dos jóvenes quedaron ciegos. Finalmente, el gobierno prometió congelar las tarifas y revisar el contrato. Pero los lideres del movimiento demandaron la anulación del contrato. Las protestas continuaron en abril y un joven de 17 años resulto muerto. El gobierno finalmente decidió anular el contrato.

La privatización del agua fue sólo una de las muchas privatizaciones que el Banco Mundial impulsó en Bolivia. Otros bienes públicos como las aerolíneas, los ferrocarriles y la electricidad, también fueron privatizados. Sin dinero y profundamente endeudados, rara vez, países como Bolivia, rechazan las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, porque no quieren ver que se les son negados créditos y ayuda internacional.

La privatización es la llegada de dinero rápido y en efectivo para el gobierno –dinero que usualmente sirve para pagar deudas del FMI, el Banco Mundial y otros acreedores externos— pero es, generalmente, un mal negocio para la población, con oscuros contratos llenos de corrupción. En este caso Bechtel y un consorcio de capitales británicos pusieron menos de 20,000 dólares de capital para un sistema de agua que vale millones. La población sufrió incrementos en las tarifas de agua en tanto que la compañía esperaba tener un ingreso de 58 millones anuales.

El fracaso de la privatización del agua guarda otra advertencia para los gobiernos que siguen este mismo esquema. Bechtel esta determinada a que el gobierno boliviano pague por la cancelación del contrato. En el 2001, Bechtel presento una demanda por 25 millones de dólares por la perdida de futuras ganancias por la cancelación del contrato. Desgraciadamente las leyes de comercio y la inversión internacional se están volviendo más rígidas dentro de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo General en Comercio de Servicios (GATS). En estas negociaciones las necesidades de las corporaciones y sus beneficios están por encima de la democracia y la soberanía.

Si la corte de arbitraje del Banco Mundial decide tomar 25 millones de dólares de uno de los países más pobres y endeudados del hemisferio para dárselo a Bechtel, podría ser una señal de advertencia para los gobiernos alrededor del mundo si quieren firmar esta clase de contratos en el futuro.

[i]Jim Shultz, “Bolivians take to the streets over globalized prices,” The Democracy Center, Cochabamba, Bolivia, Marzo 23, 2000, www.democracyctr.org/waterwar/

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