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Fiascos en la privatizacion del agua: Buenos Aires, Argentina

El contrato de privatización firmado en 1993, ha sido celebrado y caracterizado, hasta hace algún tiempo atrás, como un éxito internacional por el Banco Mundial, el gobierno argentino y la industria del agua.  Pero la “exitosa” historia se volvió amarga después de que una cláusula contractual que permitía a la Suez indexar los precios del agua al dólar estadounidense, asegurando de esta manera altos retornos, fuera anulada por un decreto de emergencia del gobierno.

Durante los primeros ocho años del contrato, débiles normas regulatorias y sucesivas re-negociaciones del contrato eliminaron los riesgos corporativos de la Suez a través de  su subsidiaria “Aguas Argentinas S.A.”  al mismo tiempo que aseguraron a la compañía una ganancia del 19 % del total del promedio de las ganancias en ese periodo[i]. Sin embargo, para el 2002, Suez tuvo que declarar 500 millones de dólares en perdidas debido a la concesión del área de Buenos Aires[ii] . ¿Qué sucedió para que las elevadas ganancias de pronto cayeran y qué significó la subsiguiente cancelación del contrato para los residentes de Buenos Aires.

Los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han estado oprimiendo por mucho tiempo a los servicios sociales y la infraestructura pública en la Argentina. La privatización del agua se volvió entonces, en una nueva carga para la población. Fernando de la Rua, uno de los muchos presidentes que ha ido y venido durante la crisis Argentina,  en un discurso en marzo de 1999, (cuando aún era Alcalde de Buenos Aires) dijo: “los precios del agua, que Aguas Argentinas dijo que iban a ser reducidos a 27%, en realidad se han incrementado en un 20%”.[iii]   El incremento de los precios y el costo de la extensión de los servicios han ido creciente desproporcionalmente   a la pobreza urbana.[iv]

El 10% de las utilidades de la empresa privatizada fue entregado a las organizaciones laborales, anulando de esta manera cualquier resistencia a la privatización. Este hecho “compró”  la aceptación del sindicato a la política de Aguas Argentinas de reducción del 50% de los trabajadores de la empresa que se llevó a cabo mas tarde.

ETOSS, una agencia con poca fuerza de regulación y subordinada al gobierno y a la transnacional, permitió constantes modificaciones al contrato y que no van acorde a las normas establecidas. Esto dio como resultado un incremento sucesivo en las tarifas por consumo de agua, modificaciones a los programas financieros de expansión del servicio, cubrimiento del seguro de riesgos para la compañía, e indexación de las tarifas al dólar para evitar la devaluación por el cambio de moneda. A ello se sumó el hecho de que Aguas Argentinas se negó a cumplir el compromiso de construir una nueva planta de tratamiento de aguas servidas y como consecuencia de ello, 95% de las alcantarillas de la ciudad se vacían al Rió de la Plata.

Mientras que Suez trataba de recuperarse de sus perdidas, el gobierno y los ciudadanos fueron dejados a su suerte. Usando una estrategia común de las corporaciones multinacionales, Suez esta reclamando contra el gobierno argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El monto exacto de la demanda de Suez es un “secreto”, pero están demandando una compensación por perdidas relacionadas a las concesiones en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.



[i]Daniel Aspiazu y Karina Forcinito, “privatization of the water and sanitation systems in the Buenos Aires metropolitan area: regulatory discontinuity, corporate non-performance, extraordinary profited and distributional inequality,” FLACSO, Buenos Aires.

[ii]David Hall, “Water multinationals in retreat: Suez withdraws investment, “ PSIRU, Enero 2003, www.psiru.org

[iii]Alexander Loftus y David Macdonald, “Of liquid breams: a political ecology of water privatization in Buenos Aires, “ Environment and Urbanization, Vol. 13, No. 2, Octubre 2001.

[iv]Pedro Pirez, “The management of urban services in the city of Buenos Aires,” Environment and Urbanization, Vol. 10, No. 2, October.



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